miércoles, abril 20, 2011

MENTIRAS Y DESINFORMACIÓN EN TORNO A LA IMPUTABILIDAD DE MENORES / Prof. Federico Olascuaga

La seguridad es para la amplia mayoría de las uruguayas y los uruguayos un tema esencial, de preocupación profunda. Es uno de los asuntos más sensibles, que más miedo genera y sobre los que se exigen prontas soluciones.

Tras identificar ese "nicho de mercado" el Dr. Pedro Bordaberry -secundado por el legislador Germán Cardozo- se ha encargado de armar un circo político con un tema de vital importancia. Haciendo gala de una escandalosa irresponsabilidad y de una frialdad total, sacando la calculadora para afinar números electorales, ha propuesto bajar la edad de imputabilidad de los menores. Así ha iniciado una campaña que tiene como pilares fundamentales el miedo, la desinformación, la mentira y el oportunismo más evidente.

En medio de esa campaña electoral de la derecha colorada las críticas hacia el Código de la Niñez y la Adolescencia no cesan. Sin embargo es bueno leer ese demonizado código, empezando por el final, para recordar que fue aprobado por el senado el 26 de agosto de 2004 y promulgado por el Poder Ejecutivo el 7 de setiembre de ese mismo año. Es decir, durante la administración del Dr. Jorge Batlle Ibañez, presidente electo bajo el lema Partido Colorado. Ese Código tan vilipendiado, tan "blando", que entre otros aspectos prevé borrar los antecedentes de los menores cuando cumplen la mayoría de edad, lleva la firma, entre otros ministros de la época, de un tal "Juan Bordaberry", que no es otro que mismísimo Dr. Pedro Bordaberry. Dato muy interesante y revelador.

Por cierto ese código, aprobado bajo la última administración del Partido Colorado, no fue sacado de la manga sino que fue fruto de un largo proceso legislativo que incluyó asesoramiento de especialistas e instituciones de primer nivel. Además su aprobación supuso un gran avance para el país, adaptando nuestra legislación a la Convención sobre los Derechos del Niño.

En segundo término se nos miente descaradamente cuando se expresa que los menores son inimputables hasta los 18 años. Juegan con nuestra legítima preocupación por la seguridad, ya que en el Uruguay los menores son imputables desde los 13 años de edad, aplicándose un régimen específico precisamente establecido por el Código de la Niñez y la Adolescencia, ese que lleva la firma del entonces ministro Bordaberry. Mienten cuando se acercan a nosotros y piden nuestra firma para terminar con la impunidad de los menores.

Los impulsores de la iniciativa también nos dicen que nuestra seguridad les preocupa muchísimo, sin embargo proponen levantar firmas para un plebiscito que se realizará dentro de cuatro años. Si es un tema tan grave y preocupante, ¿por qué resolverlo recién en 2015 y pasarse juntando firmas todo este tiempo?. La realidad es otra, la seguridad no les importa, salvo que les sea redituable en lo electoral. Es parte de la vieja política, que uruguayas y uruguayos conocemos muy bien.

Se nos miente y se juega con nuestra legítima preocupación por la seguridad cuando se magnifica el delito de niños, niñas y jóvenes. Datos de UNICEF y cifras oficiales del Poder Judicial revelan que del 100% de los delitos cometidos en los últimos años sólo un 5% de estos cuentan con la participación de menores. Esto es muy claro: la amplia mayoría de los delitos tienen como protagonistas en el Uruguay a los adultos y no a las niñas, niños y adolescentes. Los presos mayores de edad en el Uruguay eran 8.790 en 2010 y los menores infractores privados de la libertad, entre los 16 y 17 años son apenas 226 en el año 2011.

Los difusores de la desinformación tampoco hacen referencia al claro pronunciamiento de la UNICEF. Este reconocido organismo de la ONU especializado en la protección de niñas y niños ha marcado una clara posición pública, contraria a la baja de la imputabilidad. Incluso ha alertado que la aprobación de la baja en la edad de imputabilidad implicaría una violación por parte del Uruguay de los compromisos internacionales asumidos. En particular se alerta que se violará con lo establecido por la Convención sobre los Derecho del Niño, que nuestro país ratificara en 1990. En este sentido es muy saludable recordar que el pasado 12 de octubre de 2009 los cuatro candidatos a la Presidencia de la República -incluido el entonces presidenciable Dr. Pedro Bordaberry por el Partido Colorado y el Dr. Luis Alberto Lacalle por el Partido Nacional- firmaron un documento comprometiéndose, entre otras cosas, a erradicar las situaciones que aún no les permiten a las niñas y niños uruguayos hacer uso de todos sus derechos. Ese compromiso -que Bordaberry y Lacalle rápidamente han olvidado hoy- se firmó precisamente en el marco del XX aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¡Vaya paradoja!. Lo firmado con la mano se borra con el codo, los fríos cálculos electorales están por encima de todo.

¿Por qué los promotores de este atropello contra las generaciones jóvenes no dicen nada sobre las graves consecuencias que tendrá la baja de la imputabilidad para el Uruguay a nivel internacional?. ¿Por qué no se dice que implicaría ir en contra de numerosos tratados internacionales, incluso en contra de la fundamental Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 25 establece que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales?.

Tenemos nuestras diferencias con la política que en materia de seguridad ha llevado adelante el Frente Amplio. Sin embargo ello no nos puede cegar al punto de llegar a desconocer que el gobierno del Presidente Mujica ha dado valiosos espacios de participación y control a la oposición política, promoviendo la generación de acuerdos multipartidarios sobre diversos temas, incluyendo la seguridad. En ese marco de diálogo e intercambios la Comisión multipartidaria sobre Seguridad llegó a una serie de acuerdos el año pasado, destacándose entre otros la creación de un instituto para la atención de aquellos menores infractores. ¿Por qué entonces los promotores de la baja no le dicen a la ciudadanía que la creación de ese instituto ya ha sido acordado por los cuatro partidos con representación parlamentaria?. Otro punto que figura en la iniciativa del Partido Colorado es el mantenimiento de los antecedentes de los menores, que en realidad ya está siendo tratada por el parlamento uruguayo. ¿Por qué valerse para la campaña de asuntos que en realidad ya tienen estado parlamentario y sobre los que en breve se legislará?.

La semana pasada se ha sumado a esa engañosa campaña el Dr. Julio María Sanguinetti -ex presidente y figura política que en el uso del miedo tiene una notable trayectoria y experiencia- señalando que aquellos que se opongan a la iniciativa de Bordaberry "se abrazarán a un fracaso". Ha planteado incluso que estar contra la baja de la edad de imputabilidad supone respaldar las políticas que en materia de seguridad ha llevado adelante el Frente Amplio. En primer lugar no se trata de "abrazarse a un fracaso", sino más bien de no caer en el oportunismo político-partidario y hacer campaña irresponsable con temas tan sensibles e importantes para el país. Las políticas de seguridad del Frente Amplio han fallado en algunos aspectos, eso es rigurosamente cierto, pero los problemas de inseguridad no comenzaron en 2005 y el Dr. Sanguinetti -que fue Presidente de la República durante 10 de los 26 años que nos separan de la restauración democrática- tiene también una gran responsabilidad en todo esto. La alternativa a la inseguridad no es jugar con el miedo y la desinformación de la gente, o tratar de lavar responsabilidades propias, sino buscar soluciones reales.

Lamento profundamente que la derecha colorada haya ganado la partida interna y hoy se entierren con gran facilidad a figuras de primer nivel como la doctora Adela Reta o el propio Dr. Hugo Batalla, que tenían una clara postura contra la baja de la edad de imputabilidad. El batllismo ha sido completamente enterrado -salvo honrosas excepciones- dentro del Partido Colorado por los sectores conservadores , eso es clarísimo y estos asuntos no hacen más que confirmarlo. El batllismo ya tiene en la interna a su propio enterrador, tal y como tuvo a Gabriel Terra en la década del ´30. (Es bueno recordar que incluso bajo ese régimen de facto se aprobó el Código del Niño de 1934, pese a que entonces el concepto de derechos humanos no era el actual y las múltiples críticas que ese código ha recibido por parte de los especialistas). A la campaña electoral anticipada se suma la derecha nacionalista encabezada por el Dr. Luis Alberto Lacalle. Nada nuevo bajo el sol, la coalición de derechas funciona aceitadamente una vez más.

La responsabilidad de los medios de comunicación es también clave, que realizan un recorte de la realidad dando especial prioridad a los delitos cometidos por menores. Hay casos paradigmáticos, como el de algún canal de aire que ha transformado sus informativos en un calco de amarillistas medios argentinos, haciendo gala de un morbo sin precedentes. Ese irresponsable y nada inocente manejo contribuye notoriamente a que el miedo siga campeando en la opinión pública.

Estas propuestas superficiales no van sobre los verdaderos problemas de fondo. La UNICEF lo ha manifestado claramente: "Para que el número de potenciales "clientes" del sistema penal se ubique en una dimensión cuantitativa razonable, es necesario reforzar aquellas políticas que tienen como objetivo la promoción de los derechos sociales, económicos y culturales". Precisamente lo contrario al "palo y palo" que otra vez propone la derecha. Es que esa campaña infame tiene por objeto la criminalización de niñas, niños y adolescentes uruguayos. La elección del público objetivo no es casual: vivimos en un país que castiga con severidad a sus generaciones más jóvenes. Desde hace décadas diversos especialistas vienen alertando sobre el preocupante proceso de infantilización de la pobreza: se ha dicho con razón que en el Uruguay la pobreza tiene cara de niña o niño. La pobreza está instalada en niñas y niños -hoy tenemos cuatro niños y niñas pobres cada un adulto mayor pobre- y sin embargo el 60% del gasto social está orientado hacia la tercera edad. Hoy los niños y las niñas no son una prioridad para el Uruguay. La campaña "Catástrofe" llevada adelante por UNICEF en 2008 revelaba que niños, niñas y adolescentes uruguayos/as reciben tan sólo el 25% del presupuesto que el Estado uruguayo destina a salud, educación, seguridad social y vivienda; también revelaba que de cada 100 niños que ingresaban a la escuela tan solo 34 completan los 12 años de escolarización. También podríamos hablar de los 52.000 niños menores de 18 años que trabajan o los más de 7.000 que están situación de calle.

A nadie le quede dudas: la democracia uruguaya tiene una deuda enorme con las generaciones más jóvenes. Desde la recuperación democrática en 1985 hasta hoy no hemos podido darle solución al grave problema de la infantilización de la pobreza, incluso hemos acentuado la brecha intergeneracional. Sin embargo la campaña engañosa propone aumentar esa deuda, castigando aún más a los más castigados. ¿Hay algo más fácil que pegarle al que está en el suelo?. Claro, los niños y niñas, los y las jóvenes menores de 18 años no votan, no conforman grupos de presión para hacer sentir sus reclamos, se les hace muy difícil ejercer el "derecho al pataleo". Son una presa fácil.

En lugar de la politiquería barata sería conveniente formular políticas eficaces y tratar de revertir las duras condiciones sociales en que tenemos a nuestras generaciones más jóvenes, aunque claro, son muchos los políticos irresponsables que anteponen sus meros intereses partidarios a los del país. En lugar de las propuestas fáciles y oportunistas deberíamos fortalecer al INAU y evitar las fugas de los menores recluidos. El Dr. Bordaberry en lugar de atacar al Partido Independiente y a su presidente debería dedicarse a tratar con seriedad los temas del país, evitando criminalizar a las generaciones jóvenes para conseguir votos.

Las ciudadanas y los ciudadanos, por encima de nuestras banderas políticas, tenemos el deber de despartidizar el tema y dar un mensaje claro: con la seguridad no se juega, no se puede usar el miedo y la mentira para armar un escenario electoral anticipado. A la electoralización y la mentira se le gana informando, por eso hago una convocatoria pública para unir nuestras voces contra esa nefasta iniciativa que facilitará aún más la inserción en el mundo del delito de nuestras niñas, niños y jóvenes. La hora requiere de nuestro compromiso más firme, mujeres y hombres tenemos la obligación de defender a las generaciones más jóvenes, es decir, al presente y futuro de la República. A la criminalización de las y los jóvenes responderemos con la verdad, con seriedad y argumentos sólidos. Somos conscientes que en estas cosas el país se juega su destino.

Prof. Federico Olascuaga